España: Amnistía Internacional advierte que los retrocesos en memoria histórica y la mayor dificultad de acceso a la atención primaria ponen en riesgo derechos humanos en algunas comunidades autónomas

La organización ha analizado los principales retrocesos en derechos humanos que se están produciendo en distintas comunidades desde que en mayo de 2023 se celebraron elecciones autonómicas, constatando que el disfrute de derechos es diferente según el lugar en el que se resida.

En solo un año, se está produciendo una clara tendencia al retroceso en derechos en algunas comunidades autónomas. Por un lado, la derogación el pasado febrero de la ley de Memoria Democrática en Aragón, las iniciativas de sustitución de estas leyes por otras (las llamadas Leyes de la Concordia) en Castilla y León y Comunidad Valenciana, o las iniciativas de derogación de las leyes de Memoria en Baleares, Cantabria o Extremadura, ponen en riesgo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo y de sus familiares.

Por otro lado, el acceso a la atención primaria ha empeorado en el último año en once comunidades autónomas. A nivel estatal, tres de cada cuatro personas necesitan más de dos días para ser atendidas en su centro de salud. Una cifra que está muy lejos de lo que establece el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, que recomienda que la atención se realice entre las primeras 24-48 horas desde que se pide la cita.

La invisibilización de los crímenes del franquismo

A lo largo de este año, se han derogado o dado pasos para derogar o sustituir las Leyes de Memoria Autonómica de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura, iniciativas que, aunque con particularidades, cuentan con elementos muy parecidos:

• Invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo, sin reconocer la responsabilidad del régimen en su perpetración.

• Suprimen censos de víctimas, lugares y rutas de memoria democrática, centros de investigación, actuaciones en el ámbito educativo, y de construcción y difusión de la memoria.

• Niegan las necesidades específicas de las víctimas de crímenes de derecho internacional como la desaparición forzada o la tortura durante el franquismo. EnAragón y Castilla y León amplían el alcance temporal de sus respectivas normativas al principio de la Segunda República.

• Eliminan las subvenciones a las asociaciones de la sociedad civil que en los últimos 25 años, junto con familiares y víctimas, han impulsado exhumaciones para la recuperación de personas víctimas de desaparición forzada, han emprendido acciones legales para reclamar justicia por esas graves violaciones de derechos humanos, y han organizado actos de reconocimiento público para las víctimas y sus familiares. Señalan, como en el caso de Castilla y León, que sólo promoverán las actividades de las entidades inscritas en el “Directorio de entidades vinculadas a la concordia”.

• Introducen cambios significativos respecto de los procesos de búsqueda, identificación y exhumación de víctimas de desaparición forzada, que no están en línea con la asunción de responsabilidad directa y la obligación del Estado sobre estos procesos, como recoge la Ley de Memoria Democrática estatal.

• Proponen, también en Castilla y León, la creación de una Comisión de Exhumaciones en la que no se contaría con la participación ni se otorgaría un rol consultivo a organizaciones de la sociedad civil o académicas. Igualmente, en esta iniciativa, se pretende prohibir la difusión pública de imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de exhumación, incluyendo a las víctimas y sus familiares.

“Las víctimas y familiares de estas graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo no sólo se enfrentan a una prolongada impunidad, dada la inacción de los tribunales españoles durante décadas, que tampoco ha subsanado la Ley de Memoria Democrática estatal; sino que con estas nuevas iniciativas se impulsan medidas limitadas territorialmente, lo que conlleva un desigual disfrute de derechos en función del territorio en el que se viva. Estas propuestas constituyen un retroceso en la tarea aún pendiente del Estado de abordar su pasado como una cuestión de derechos humanos, y no como una cuestión ideológica y partidista, como ya señalaba Fabián Salvioli, Relator de Naciones Unidas”, manifiesta Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional.

“A raíz de la Ley de Aragón y de los proyectos de ley de Castilla y León y Valencia, el pasado 30 de abril de 2024 expertos de Naciones Unidas enviaron un informe al Gobierno manifestando su preocupación por los retrocesos que estas normativas suponen en el ámbito de la memoria histórica, y recordando que todos los poderes y entidades del Estado tienen el deber de proteger los derechos humanos, incluyendo la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos”, explica Daniel Canales.

El acceso a la atención primaria en caída

En 2023, sólo el 21,4% de las citas de atención primaria se atendieron en las primeras 24-48 horas, que es lo que recomienda el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, frente al 26,8% en 2022. Lo que indica que, en el 78,6 % de los casos, las personas que necesitaron atención sanitaria en ese año tuvieron que esperar más de dos días para ser atendidas en su centro de salud.

En once comunidades autónomas se produjo un empeoramiento en el acceso a la atención primaria a lo largo del último año. Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja son las comunidades donde la situación más se deterioró, seguidas de Aragón, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Navarra, donde la situación empeora, pero de manera menos acusada. A lo largo de 2023, sólo se redujeron las listas de espera en País Vasco, Región de Murcia, Extremadura, Castilla y León y Canarias.

No obstante, existen siete comunidades autónomas cuyo acceso a la atención primaria sigue por debajo de la media estatal, ya muy reducida. Es el caso de Canarias (13,1), Andalucía (13,4), Baleares (15,2), Comunidad de Madrid (17,9), Comunidad Valenciana (18,4), Cataluña (21,0) y Galicia (21,4).

“El gasto público entre 2009 y 2021 solo se incrementó un 5%, frente al 27% que subió el gasto sanitario privado. En 2021, la financiación dedicada a la atención primaria no había recuperado aún el nivel previo a las medidas de austeridad aplicadas tras la crisis financiera de 2008, incluso con los fondos extraordinarios por la pandemia. Esto, unido a la falta de personal sanitario, repercute directamente en el tiempo de espera para obtener cita en la atención primaria. Es necesario un compromiso político y un acuerdo de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad para incrementar el gasto y acelerar el acceso a la atención primaria. Una petición que se ha repetido en los últimos años por parte de organismos internacionales y el Defensor del Pueblo, entre otros”, manifiesta Jon Sicilia, responsable de relaciones institucionales autonómicas.

Peticiones de Amnistía Internacional

Ante esta situación Amnistía Internacional pide que no se impulsen ni leyes ni políticas públicas que limiten derechos humanos según el territorio en el que vivan.

A todas aquellas Comunidades Autónomas que han aprobado, están en proceso de aprobar o han anunciado la intención de tramitar nuevas normativas sobre memoria y/o la derogación de la normativa autonómica al respecto, así como aquellas que pretendan seguir estos pasos, les pedimos que:

• Garanticen la preservación histórica de la memoria colectiva de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo, como elemento esencial de la reparación de las víctimas que sufrieron dichas violaciones y el establecimiento de garantías de no repetición.

• Adopten procesos de memoria que permitan conocer, recordar, preservar y transmitir la información sobre las violaciones de derechos humanos sufridas, con respeto pleno a la dignidad de las víctimas y en consulta con ellas, tal y como reconoce el informe de Naciones Unidas.

• Permitan a las entidades que tradicionalmente han trabajado por las víctimas del franquismo y la Guerra Civil mantener su rol consultivo y desarrollar su ámbito de actuación sin limitaciones ni restricciones indebidas.

• Cumplan con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud.

• Incrementen la inversión sanitaria, priorizando de manera especial la atención primaria, invirtiendo por encima del gasto sanitario realizado el año anterior para reforzar las plantillas, mejorar la infraestructura y los recursos materiales de los centros de atención primaria, con el objetivo de que, a medio plazo, las demandas no urgentes se resuelvan en 24-48 horas.

Al Gobierno central, le pedimos que:

• Cumpla con su obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica y colectiva sobre las vulneraciones de derechos humanos, como las cometidas durante el franquismo y la Guerra Civil, e implemente de forma efectiva la Ley de Memoria Democrática en el conjunto del Estado español.

• Adopte una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud, priorizando la atención primaria, tal y como recomiendan organismos internacionales, estatales y el propio sector sanitario.

• Establezca un mecanismo de financiación en el ámbito de la atención primaria, así como mecanismos de monitorización del mismo, traduciéndose, de manera imprescindible, en un mejor acceso a través de la reducción de las listas de espera.

• Convoque el Ministerio de Sanidad una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud para abordar todas estas cuestiones en materia de atención primaria.